Financiación...

UGT y CCOO reconocen que cobran «habitualmente» de las empresas con las que negocian ajustes

La «tercera vía» de financiación sindical

Aunque el cobro de estas facturas es legal, plantea un conflicto entre las reivindicaciones de los trabajadores y los compromisos con la empresa


ALVARO TIZON


MADRID.- Los sindicatos cobran sus servicios a las empresas con las que pactan ajustes laborales. Tanto Comisiones Obreras como UGT defienden la legitimidad de estas facturas, y señalan que se trata de una práctica «habitual». Pese a ello, son acuerdos que, normalmente, no dan a conocer a los trabajadores afectados.

No ha trascendido, por ejemplo, si CCOO y UGT cobraron de Iberia tras negociar el último de los grandes ajustes pactado en una empresa española, que supondrá un recorte de plantilla de 3.500 trabajadores y una rebaja de sueldos de más del 8%.

En general, no se hacen públicas ni la relación de empresas, ni las cantidades, ni el importe total de los ingresos percibidos de las empresas tras la negociación de estos ajustes, que constituye una nueva vía de financiación para las centrales.

Los sindicatos han tenido que soportar en los últimos años la reconversión, la crisis industrial, el declive económico de regiones enteras, el desmantelamiento de empresas y servicios públicos, y una tasa de paro que roza el 24% de la población activa. Desde 1995, a esta política económica e industrial se han unido la precarización del empleo, abaratamiento de la contratación y el despido, recorte de la cobertura de desempleo o de la Seguridad Social... Una difícil «cohabitación» con el Gobierno, que no ha ocultado su voluntad de mermar su capacidad.

UGT y CCOO, las dos grandes organizaciones «de clase» del país, cuentan con un millón largo de afiliados. Su presupuesto anual ronda los 10.000 millones de pesetas en cada caso.

Pero a pesar de este volumen económico, no existe aún una ley que regule la financiación sindical; una situación similar a la de los partidos políticos.

APORTACIONES PUBLICAS.- A los sindicatos les corresponden asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado, «congeladas» desde hace años. Para UGT y CCOO estas partidas son de unos 1.000 millones anuales a cada uno.

Las Comunidades Autónomas también contribuyen al sostenimiento de los sindicatos, que reciben otras aportaciones públicas como las procedentes de su presencia en organismos como el INSS, el INEM o el CES. Las centrales cuentan, además, con los ingresos procedentes de los «liberados» de grandes empresas, sobre todo públicas.

Al presupuesto de CCOO y UGT contribuyen de manera determinante las aportaciones de sus afiliados. En cada caso, alrededor de 10.000 millones.

En los últimos años, los sindicatos han comenzado a crear además sociedades que van desde corredurías de seguros a agencias de viajes, pasando por la gestión de fondos de pensiones o las cooperativas de viviendas para dar nuevos servicios a sus afiliados.

Las centrales mueven cifras astronómicas en la gestión de prejubilaciones, planes de vacaciones, etcétera, pactados con grupos como Endesa, Correos o Telefónica, con los que se establecen importantes vínculos económicos.

Al margen de las irregularidades detectadas en la gestión de PSV, tras el hundimiento de la cooperativa los nuevos gestores del grupo responsabilizaron a UGT de la crisis, «por su política de constante enfrentamiento con el Gobierno».

A ello se suma ahora la facturación de servicios a las empresas. En rigor, los costes de la negociación de los ajustes entre empresas y sindicatos deberían correr a cargo de los trabajadores (afiliados y no afiliados) que se benefician de ellas. Y no a las empresas, que suponen la «parte contraria» en estas negociaciones.

Se trata, sin embargo, de una práctica incuestionable desde el punto de vista legal.

«NADA DISCUTIBLE».- «Desde el punto de vista del Derecho del Trabajo, nada tiene de discutible que el empresario participe económicamente en unos acuerdos que también a él le benefician, por ejemplo, con la consecución de la paz social», en opinión de Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo. «Sólo habría una conducta reprochable si el pago es desproporcionado respecto a sus gastos en la negociación; pero desde el punto de vista legal, cualquier irregularidad sería atribuible a la empresa, y no al sindicato, cuando exista propósito de control», añade Valdeolivas.

«El cobrar unos honorarios por asesorar y negociar un plan de viabilidad me parece legal y correcto siempre que el cobro se realice con voluntariedad» a juicio de Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo y abogado. «Esos pagos pueden compensar gastos de desplazamiento, estudios, dietas, y no resulta contrario a Derecho puesto que se está prestando un servicio para el mejor resultado de las negociaciones».

Sagardoy critica, sin embargo, la discreción con la que se acuerdan estos pagos. «Son ajustados a Derecho, y el ocultismo debería desterrarse». Pero desde el punto de vista sindical, este sistema puede generar la falta de garantías para los trabajadores. La necesidad de arrancar reivindicaciones entra en conflicto con la solicitud de facturar estos servicios.

Se da la circunstancia, así, de que los sindicatos pueden cobrar por una misma negociación a todos los implicados: a la empresa, a los trabajadores y al Estado.

Los datos parciales a los que ha podido acceder este periódico reflejan que, durante los años 1991 y 1992, coincidiendo con un fuerte ajuste en la industria química, la Federación de Químicas de Comisiones Obreras recoge distintos cobros sucesivos a buena parte de las empresas en fase de ajuste como Campsa, Repsol Química o Fesa Enfersa, donde los trabajadores protagonizaron violentos enfrentamientos con la Policía.

EL EJEMPLO DE CAMPSA.- Campsa lograba entonces un acuerdo con las centrales para reducir sustancialmente su plantilla. «Un ejemplo de responsabilidad de los sindicatos en nuestro país», según la valoración que hacía entonces ABC en un artículo que, al día siguiente de su publicación, remitía el director de Recursos Humanos de Campsa, José Luis Relea, a Joaquín González, responsable de Químicas de CCOO, con la siguiente nota: «Aunque sea en el medio que es, piropos así no llegan todos los días ¿no?. Enhorabuena porque esta historia ha tenido un promotor y protagonista que tú y yo conocemos. ¡Habrá que celebrarlo! ¿No?...»

La práctica de facturar los servicios en negociaciones de ajuste también ha suscitado problemas en la Administración. En 1990, CCOO y UGT firmaron el III Convenio y alcanzaron un pacto complementario, no publicado en el BOE, que reconocía a estos sindicatos una subvención de 1 millón de pesetas anuales.

En junio del 91, el acuerdo fue denunciado a la Audiencia Nacional por otra central, USO. La sentencia obligó a anular la subvención pactada por ambas centrales.

También son públicos los pagos realizados tras los ajustes en empresas como SKF o Elcano.

Fuente: http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/02/19/economia/29000.html