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A. Montesinos Jue 7 Feb 2008 - 10:24
LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD HAN PRESENTADO, A TRAVÉS DEL S.P.V. 320 DEMANDAS POR LAS HORAS EXTRAORDINARIAS CERCANA AL MILLON DE EUROS SOLO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Los vigilantes de seguridad privada exigen mejores condiciones laborales y que se respeten las Sentencias.
El Sindicato Profesional de Vigilantes –S.P.V.- está realizando una campaña de información para que los trabajadores presenten sus demandas antes del día 21 de Febrero, fecha en que se cumple un año desde la Sentencia del Tribunal Supremo, por lo que prescribirán las cantidades dejadas de abonar en los años 2005, 2006 y hasta febrero de 2007.
Hace casi un año la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó una sentencia que anulaba parte del convenio colectivo del sector de la seguridad privada en vigor desde 2005, al considerar que el importe mínimo de las horas extraordinarias contemplado en este documento es inferior en muchos casos al valor de las horas ordinarias.
En este sentido, los trabajadores mantenían que para fijar el valor de la hora deben tenerse en cuenta todos los complementos salariales, aspecto en el que la sentencia del Tribunal Supremo les da la razón.
El sindicato S.P.V. está realizando una campaña de información en Cádiz para que los trabajadores afectados reclamen el dinero que les corresponde por las horas extraordinarias trabajadas desde el 1 de enero de 2005 y hasta la fecha, hasta el momento hemos tramitado 320 denuncias de Vigilantes, que con un promedio de 3000 euros por trabajador alcanza una reclamación total por diferencia en el precio de las horas extraordinarias cercana al millón de euros, solo en la provincia de Cádiz.
Desde este sindicato, Antonio Montesinos, ha informado de que en la provincia se realizan por horas extraordinarias que de cubrirse por nuevas contrataciones se podría dar empleo, según nuestras estimaciones a más de 500 Vigilantes de Seguridad de nueva incorporación, lo que supondría un incremento cercano al 20%, ya que en la actualidad trabajan en la provincia unos 2000 Vigilantes de Seguridad.
Montesinos recalcó la gran dificultad que muchos trabajadores van a tener en demostrar las horas extras realizadas, ya que en buena parte de las empresas de la provincia, dichas horas no se declaran ni cotizan ante la Seguridad Social, lo que supone un fraude de ley manifiesto, pero no existe forma humana, bajo el actual sistema, de erradicar estas ilegalidades ciento de veces denunciada por el Sindicato, sobre todo, por que los propios trabajadores se vuelven cómplices de esta situación al no denunciarla, por temor a represalias o a que se las quiten.
Es una pena, concluye este Sindicato mayoritario en el Sector de la Seguridad Privada en Cádiz, que una provincia que soporta los mayores índices de desempleo en el ámbito nacional, no afloren al mercado laboral todos estos puestos vacantes – cubiertos por horas extraordinarias- debido al bajo salario que obliga al Vigilante a realizarlas, para alcanzar los mil euros de salario mensual y a la avaricia de una patronal que solo busca ahorran un buen puñado de euros defraudando a la seguridad social cantidades cercanas a los 3 millones de euros anuales en la provincia. (500 vigilantes x 500 €/mes, cotización aproximada, x 12 meses= 3.000.000 €). Este sindicato, critica la escasa estructura que tiene la Inspección de Trabajo, lo que dificulta aún más la detección del fraude denunciado.
Esta Sentencia del Tribunal Supremo, ha supuesto que el promedio del valor horas de muchos Vigilantes, se haya visto incrementado en más de 3 €/horas, al estar abonándose a 7,41 €/hora, cantidad que llega alcanzar hasta más de 5 €/hora en los trabajadores con mayor antigüedad. Además a supuesto la división definitiva en la unificación de su valor, ya que este será en función al salario y complementos que perciba, con lo que se da la paradoja, que dos Vigilantes trabajando en el mismo puesto de trabajo, con idénticas funciones y obligaciones, percibirán distintas retribuciones, lo que a nuestro entender supone una grave discriminación, solo subsanable, si los agentes sociales –patronal y sindicatos- alcancen un acuerdo al alza en el valor de las citadas horas extraordinarias.
Firmado.: Antonio Montesinos Ruiz
Representante Legal del Sindicato Profesional de Vigilantes
www.sindicatodeseguridad.com
prensa@sindicatodeseguridad.com
Los vigilantes de seguridad privada exigen mejores condiciones laborales y que se respeten las Sentencias.
El Sindicato Profesional de Vigilantes –S.P.V.- está realizando una campaña de información para que los trabajadores presenten sus demandas antes del día 21 de Febrero, fecha en que se cumple un año desde la Sentencia del Tribunal Supremo, por lo que prescribirán las cantidades dejadas de abonar en los años 2005, 2006 y hasta febrero de 2007.
Hace casi un año la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó una sentencia que anulaba parte del convenio colectivo del sector de la seguridad privada en vigor desde 2005, al considerar que el importe mínimo de las horas extraordinarias contemplado en este documento es inferior en muchos casos al valor de las horas ordinarias.
En este sentido, los trabajadores mantenían que para fijar el valor de la hora deben tenerse en cuenta todos los complementos salariales, aspecto en el que la sentencia del Tribunal Supremo les da la razón.
El sindicato S.P.V. está realizando una campaña de información en Cádiz para que los trabajadores afectados reclamen el dinero que les corresponde por las horas extraordinarias trabajadas desde el 1 de enero de 2005 y hasta la fecha, hasta el momento hemos tramitado 320 denuncias de Vigilantes, que con un promedio de 3000 euros por trabajador alcanza una reclamación total por diferencia en el precio de las horas extraordinarias cercana al millón de euros, solo en la provincia de Cádiz.
Desde este sindicato, Antonio Montesinos, ha informado de que en la provincia se realizan por horas extraordinarias que de cubrirse por nuevas contrataciones se podría dar empleo, según nuestras estimaciones a más de 500 Vigilantes de Seguridad de nueva incorporación, lo que supondría un incremento cercano al 20%, ya que en la actualidad trabajan en la provincia unos 2000 Vigilantes de Seguridad.
Montesinos recalcó la gran dificultad que muchos trabajadores van a tener en demostrar las horas extras realizadas, ya que en buena parte de las empresas de la provincia, dichas horas no se declaran ni cotizan ante la Seguridad Social, lo que supone un fraude de ley manifiesto, pero no existe forma humana, bajo el actual sistema, de erradicar estas ilegalidades ciento de veces denunciada por el Sindicato, sobre todo, por que los propios trabajadores se vuelven cómplices de esta situación al no denunciarla, por temor a represalias o a que se las quiten.
Es una pena, concluye este Sindicato mayoritario en el Sector de la Seguridad Privada en Cádiz, que una provincia que soporta los mayores índices de desempleo en el ámbito nacional, no afloren al mercado laboral todos estos puestos vacantes – cubiertos por horas extraordinarias- debido al bajo salario que obliga al Vigilante a realizarlas, para alcanzar los mil euros de salario mensual y a la avaricia de una patronal que solo busca ahorran un buen puñado de euros defraudando a la seguridad social cantidades cercanas a los 3 millones de euros anuales en la provincia. (500 vigilantes x 500 €/mes, cotización aproximada, x 12 meses= 3.000.000 €). Este sindicato, critica la escasa estructura que tiene la Inspección de Trabajo, lo que dificulta aún más la detección del fraude denunciado.
Esta Sentencia del Tribunal Supremo, ha supuesto que el promedio del valor horas de muchos Vigilantes, se haya visto incrementado en más de 3 €/horas, al estar abonándose a 7,41 €/hora, cantidad que llega alcanzar hasta más de 5 €/hora en los trabajadores con mayor antigüedad. Además a supuesto la división definitiva en la unificación de su valor, ya que este será en función al salario y complementos que perciba, con lo que se da la paradoja, que dos Vigilantes trabajando en el mismo puesto de trabajo, con idénticas funciones y obligaciones, percibirán distintas retribuciones, lo que a nuestro entender supone una grave discriminación, solo subsanable, si los agentes sociales –patronal y sindicatos- alcancen un acuerdo al alza en el valor de las citadas horas extraordinarias.
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